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Terram publica análisis sobre régimen jurídico para la acuicultura en áreas protegidas

Un documento publicado recientemente por Fundación Terram analiza el sistema jurídico que regula el desarrollo de la acuicultura en áreas de conservación nacional.


“¿Conservando  o  cultivando?  Régimen  jurídico  del  desarrollo  de  salmonicultura  en  Áreas  Protegidas” es el título del análisis publicado por Fundación Terram este jueves 30 de abril, realizado por los abogados de la organización Christian Paredes e Ignacio Martínez, que estudia la aplicación de normativas nacionales que regulan el desarrollo de la actividad acuícola y, en  especial, la salmonicultora, al interior de los sitios destinados a la conservación.


El  documento analiza  desde  una  perspectiva  técnica  y  jurídica cómo  se  han  aplicado  estas  regulaciones que “se encuentran dispersas tanto al interior de la propia Ley General de Pesca y  Acuicultura (LGPA), como fuera de ella, frente a lo cual la Contraloría General de la República ha  jugado un rol clave en su interpretación”, según señala en su introducción.


El  cuerpo  de  la  publicación  comienza  por  especificar  la  definición  general  que  rige  el  emplazamiento de concesiones acuícolas en este tipo de áreas, para proseguir detallando la  aplicación de normativas en las diferentes categorías de conservación, como son los Parques  Nacionales, las Reservas Nacionales y Forestales y la áreas marinas protegidas. Además, dedica un  apartado para detallar el régimen aplicable a sectores próximos o aledaños a áreas terrestres  protegidas y otro para realizar un análisis del caso de la recientemente creada  Reserva Nacional  Kawésqar.


Según lo planeado por Terram, por regla general, el desarrollo de actividades acuícolas está prohibido en las  zonas pertenecientes al Sistemas Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Sin  embargo, “se exceptúan de la prohibición a las Reservas Nacionales y Forestales, en cuyas zonas  marítimas puede autorizarse el desarrollo de actividades acuícolas, lo que se ha traducido en la  existencia de un gran número de concesiones salmonicultoras en su interior”.


En este sentido, el documento de Fundación Terram detalla las interpretaciones realizadas por la  Contraloría General de la República para aclarar cómo debe funcionar la industria en concordancia  con la conservación; y estudia cómo se ha aplicado la legislación vigente en las áreas donde sí se  permite el cultivo de peces y en cuáles aspectos está al debe. Por lo mismo, expone los casos del  Parque Nacional Alberto D’Agostini, donde, a enero de 2020, habían  19 concesiones salmonicultoras  otorgadas, y el de la Reserva Nacional Kawésqar, que presentaba 57 otorgadas, dos con proyecto  técnico aprobado y 130 en trámite.


Este último caso es “paradigmático”, según describe el análisis, ya que las solicitudes ingresaron al  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) luego de recién creada el área, cuando esta no  contaba con un plan de manejo que estableciera sus objetivos de conservación, “además de haber entrado a través de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) en lugar de Estudios de Impacto  Ambiental (EIAs), como lo establece la legislación”, según lo expresado desde la ONG.


“¿Conservando  o  cultivando?  Régimen  jurídico  del  desarrollo  de  salmonicultura  en  Áreas  Protegidas” concluye dando una serie de recomendaciones a los distintos órganos públicos a cargo  competentes  en  la  materia,  con  el  objetivo de que  estos  logren  armonizar  los  objetivos  de  conservación y las actividades productivas que se desarrollan en el territorio nacional, de acuerdo  al principio precautorio y el enfoque ecosistémico que define la regulación.


Fuente: Aqua

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