Senadores Iván Moreira y Rabindranath Quinteros reconocen que principales afectados son los mitilicultores que mantienen concesiones provisorias. Diputada Marisol Turres es partidaria de revisar o modificar actual cuerpo legal.

Avanzar hacia un análisis de la Ley Nº 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), propusieron parlamentarios de la zona, luego que surgió el debate en torno a su interpretación, con la solicitud de concesión que hizo el lonko Eric Vargas, en representación de 15 comunidades indígenas del Estuario del Reloncaví.La petición amparada en la también llamada “Ley Lafkenche”, ingresó el pasado 10 de agosto a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Llamó la atención por la extensión del territorio comprometido, desde Caleta Puelche a Pargua, incluyendo todo el borde costero del Estuario del Reloncaví, Puerto Montt y Calbuco.

“Hemos pedido al Gobierno buscar una fórmula legislativa, que permita que los mitilicultores que se ven amenazados y tienen temor, puedan seguir trabajando y no perder su fuente laboral”, planteó el senador Iván Moreira.A su juicio, ese modelo pasaría por incluir en la Ley de Mitilicultura una petición de esos productores con permisos provisorios, para renovarlos y puedan seguir trabajando. Añadió que el Gobierno debe dar discusión inmediata a esa iniciativa que está en el Congreso, ya que “de lo contrario, vamos a generar un conflicto”, advirtió.Comentó que no es posible hacer cambios en la Ley Lafkenche “porque se puede malinterpretar, ya que ella se debe a la firma de tratados internacionales. No es una cosa que se pueda modificar de un día para otro”.El senador Rabindranath Quinteros recordó que esta ley fue promulgada en febrero de 2008 y que “hoy revienta por unas peticiones desmedidas, que no corresponden al espíritu de la ley”.Pidió no ser alarmistas y volver al origen de la norma, en el que “todos los sectores productivos tienen los espacios suficientes, ganados para desarrollar sus emprendimientos”.Dijo que le llama la atención que “todo se hace sin conocimiento y alarmando a la gente, diciendo que va a haber un caos”, aunque admitió que los mitilicultores se verían afectados al no poder renovar sus concesiones, al menos hasta resolver la petición de Vargas.Quinteros aseguró que “la mayoría de la gente que trabaja en el mar, pertenece a pueblos originarios. Y entre ellos no van a pelear”.Anunció que hizo una petición en el Senado, destinada a formar una mesa de trabajo con el Gobierno para analizar el tema y ofrecer claridad.En tanto, la diputada Marisol Turres expuso que ante la preocupación surgida, es necesario revisar esa ley.“No podemos permitir que estalle un conflicto, de hacerse realidad esta solicitud de concesión, por los efectos en las actividades productivas que hoy se realizan. Éstas tienen un derecho y no se puede ver afectado por una concesión que se solicita después. Tenemos un problema y el gobierno debe buscar una fórmula para que pueda continuar la actividad productiva, con las concesiones que piden las comunidades indígenas”, planteó.Turres llamó a “actuar con mucho tino y, si es necesario, modificar la ley para evitar conflictos, a través de una mesa de trabajo en la que estén presentes todas las partes”.Se mostró dispuesta a participar de esa instancia, para buscar una solución legislativa que deje satisfechos a todos los sectores involucrados.

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